Feliz 2013!

El Contrato de Fideicomiso Inmobiliario en la Argentina

Libro (2012)
Editorial: AbeledoPerrot (Bs. As.)
Autor: Facundo M. Bilvao Aranda (abogado, notario, máster en derecho empresario)

La Corte Suprema admite que los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley

El Máximo Tribunal de Justicia de Argentina afirmó la independencia del Poder Judicial. Destacó que es un deber de los magistrados y una garantía para los derechos reconocidos en la Constitución contra abusos de los poderes públicos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación admite la posibilidad de que los jueces puedan declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley.

A partir de esta doctrina, el Máximo Tribunal de la Nación y los tribunales inferiores podrán -en el marco de su jurisdicción- declarar desde hoy la inconstitucionalidad de leyes federales, nacionales o locales, decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados, reglamentarios y autónomos, así como de resoluciones administrativas y actos jurídicos aunque no existiera petición de las partes.

En estos términos, el fallo fortalece la independencia del Poder Judicial al permitir a los jueces ampliar el control constitucional de los actos realizados por los otros poderes del Estado.

En consecuencia, esta decisión de la Corte Suprema recoge las demandas de la doctrina constitucional de avanzada que pregona un amplio control de constitucionalidad para defender los derechos individuales ante el avasallamiento del Estado.

En el caso, un conscripto había reclamado una indemnización con sustento en los artículos 1109 y 1113 del Código Civil contra el Estado Nacional por las lesiones que sufrió mientras cumplía con el servicio militar obligatorio.

La ley 19.101 de personal militar (articulo 76, inc. 3°, apartado c, texto según ley 22.511) fija un tope máximo a este tipo de indemnizaciones, y excluye por lo tanto las reglas generales establecidas en el Código Civil para determinar los rubros indemnizatorios.

Al examinar el planteo, la Corte Suprema advirtió que la aplicación del referido régimen especial otorgaba al accidentado un resarcimiento sustancialmente inferior al que había sido admitido sobre la base de los parámetros establecidos en el Código Civil. Sin embargo, en el caso, dicho sistema no había sido impugnado constitucionalmente, lo que impedía prescindir de su texto para resolverlo.

Frente a esta evidencia, el Tribunal determinó que, dentro del marco constitucional vigente, se encuentra habilitado para declarar de oficio -es decir, sin que la parte interesada lo haya solicitado- la inconstitucionalidad del artículo en cuestión.

Para resolver de ese modo, la mayoría compuesta por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni, a la que se suma el voto concurrente del Dr. Fayt, recordó el deber de los magistrados de efectuar el examen de constitucionalidad de las normas en la medida en que ese mecanismo constituye una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos reconocidos en la Constitución contra los posibles abusos de los poderes públicos, según la clásica expresión de la Corte formulada en 1888 (Fallos: 33:162).

Seguidamente, recordó que a partir de 1994 el derecho internacional de los derechos humanos ha adquirido la más alta jerarquía constitucional en la Argentina. En ese marco, agregó que así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los órganos del Poder Judicial deben descalificar de oficio las normas internas de cada país que se opongan a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, igualmente deben descalificarse de oficio las normas que se oponen a la Constitución Nacional.

Una vez admitida la potestad de los jueces de efectuar el control de constitucionalidad aunque no exista petición expresa de parte la Corte Suprema procedió a realizar el examen constitucional de la norma, tarea para la que tuvo en cuenta: a) la finalidad resarcitoria del citado artículo; b) un precedente en el que había convalidado el cuestionamiento con base constitucional del que serían susceptibles los sistemas especiales de responsabilidad que admitían limitaciones indemnizatorias (Fallos: 327:3753); y c) el alcance del derecho constitucional a una reparación integral de acuerdo al artículo 19 de la Constitución Nacional.

Sobre la base de dichas pautas, el Alto Tribunal concluyó que en este caso no resultaba posible interpretar la ley de ninguna forma que fuese compatible con la Constitución Nacional, dado que los medios elegidos por el legislador no se adecuaban al objetivo reparador de la norma. En ese sentido, la norma consagraba una solución incompatible con los principios y derechos que la Constitución Nacional ordena respetar, proteger y realizar, dado que tanto por el monto de la “indemnización” que resultaba al aplicar el régimen especial, como por el único daño que preveía reparar –la incapacidad-, no se procedía a reparar integralmente el daño sufrido por el demandante. 

Fuente: Centro de Información Judicial.-

De inmobiliarias y corredores de comercio: su responsabilidad frente a sus clientes

Muchas veces nos preguntamos qué grado de culpa o responsabilidad le puede caber a una inmobiliaria o a un corredor de comercio frente a la frustración de un negocio jurídico en el cual ellos intervinieron ofreciendo el bien en el mercado o acercando a las partes para concretar una determinada operación.

Es que la figura del corredor ha sido y es fundamental en el mercado y en el derecho comercial desde hace muchos años. Su función de mediador entre la oferta y la demanda para facilitar o promover la conclusión de negocios ha sido siempre de singular importancia, puesto que se trata de una actividad desarrollada por personas que, por su conocimiento de los mercados, se encargan de efectuar con un mejor grado de conocimiento las tratativas previas indispensables de cualquier contratación, lo que facilita la tarea de las partes que delegan en esta persona tal actividad[1].

En principio pareciera que la función que atañe a un corredor solo se trataría de acercar a las partes para concretar un negocio, pero ello no es así su función es mucho más amplia.

En efecto, una vez impuesto de las condiciones para vender el bien y estando de acuerdo con el precio y demás condiciones, corresponde al corredor de comercio realizar un minucioso estudio del título de dicha propiedad, haciendo las preguntas necesarias al caso, de donde surgirá si la propiedad puede venderse o si antes es necesario cumplir con algunos requisitos que del precedente título hayan surgido.

La importancia de dicho proceso produce los efectos de contención y filtro de las posibles consecuencias que pudieran derivar después de haber firmado el boleto respectivo. Es decir que el corredor asesorará en el sentido de advertir la necesidad de cumplir con los recaudos y formalidades que las leyes exigen[2].

Así fue entendido por la Sala 1 de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental de Azul (provincia de Buenos Aires), en la causa Nº 1-56562-2012 caratulada  "GRANDA MARIA NATALIA Y OTRO C/DIVITTO SERGIO A.Y OTROS S/ ESCRITURACION". En estas actuaciones, los jueces intervinientes interpretaron que resulta claro y de sentido común que quienes acuden a un profesional para concretar un negocio (ya sea escribano, abogado, martillero, corredor de comercio,  etc.), esperan del mismo que actúe conforme su sapiencia. De otro modo, concluyeron, si estimaran que no necesitan el auxilio de un profesional, hubieran concretado el negocio sin su intervención.

Así la Cámara, en su fallo del 1° de noviembre de 2012, entendió que de acuerdo a las características del negocio jurídico en el cual intervinieron los corredores de comercio demandados en dichos autos, debieron en ejercicio de su función profesional acreditar con el certificado de dominio correspondiente la titularidad del bien en cabeza de quien lo enajenaba y luego también verificar si existían gravámenes o restricciones al dominio. Ello, pues el incumplimiento de los deberes a su cargo importa que deban responder por los daños y perjuicios que sean su consecuencia directa y necesaria (arts. 512, 520 y 521 C.C.).

Con tal fundamento, la Cámara adhirió a la decisión propiciada por el juez de la anterior instancia resolviendo que la conducta de los corredores de comercio demandados resultó jurídicamente sancionable, habiendo originado perjuicios a los intereses de los actores, a través de una relación de causalidad adecuada entre ese actuar y el daño producido[3].

De tal manera, los camaristas sostuvieron que en supuestos como estos, en el que la escrituración se ve frustrada por el incumplimiento de los deberes a cargo de los corredores intervinientes y en su caso por culpa del vendedor, sin que se probara o alegara ningún eximente de responsabilidad ambos responden solidariamente frente al comprador[4].

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[1] Conf. Ghersi, “Responsabilidad Profesional”-7, pág. 81.

[2] Conf. Ghersi, ob.cit. págs. 53/54

[3] Conf. arts. 901, 1068, 1074 y cctes. del C.C., conf. SCBA causa 40.387 del 16/05/89 “Sheeshan...”, conf. Ghersi ob.cit. pág. 92.

[4] Arg. arts. 506, 519, 520, 521, 901, 902, 903 y cctes. C.C., SCBA causa citada n° c40387; Cámara Civil y Comercial 2°, Sala 3° La Plata “Vacca Adela y ot. c/ Fernández Vicente y ots.”, 8/4(1975, public. en JA 1976-I, pág. 365.

El Contrato de Fideicomiso Inmobiliario en la Argentina (Facundo M. Bilvao Aranda)

Disponible en "Paloma Libros" 

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Ya es ley la modificación al sistema de riesgos del trabajo

A través de la Ley 26.773 se modifica el régimen de reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La norma fue sancionada el 24 de octubre de 2012 y promulgada el día 25 del mismo mes.

Si bien oportuno será esperar la reglamentación de este nuevo régimen, liminarmente resulta claro que el cambio sustancial radica en la eliminación de la denominada "doble vía", más allá de la elevación de los montos indemnizatorios y su semestral actualización.

El límite del 20% a los honorarios profesionales de los abogados intervinientes también es trascendente, tal como la obligatoriedad de acudir a un juez en lo civil para la reclamación de las reparaciones integrales, privando así al trabajador o a sus derechohabientes de su juez natural.

Son éstas las modificaciones coyunturales al régimen, las cuales, a nuestro humilde saber y entender, lejos de traer soluciones pacíficas y justas, generarán mayor litigiosidad al asentuarse las restricciones y limitaciones a derechos elementales del trabajador (derecho de propiedad, juez natural, dignidad humana e igualdad, entre otros).

Recordemos que el sistema de ART ya fue jaqueado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del año 2004 cuando el Alto Tribunal habilitó a los trabajadores a iniciar a sus empleadores juicios por accidentes de trabajo fundados en la ley civil, pese a que aquellos hubieran cobrado las indemnizaciones tarifadas establecidas en la LRT. Sabido es que la propia ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, en oportunidad de disertar en la ciudad de Paraná, en el marco del I Congreso de Derecho Laboral, organizado por el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, dijo que "la Ley de Riesgos de Trabajo es bastante horrible" y deslizó que el Poder Ejecutivo y los legisladores "deben asumir su parte para corregirla".

Así, el Alto Tribunal dictó numerosos precedentes judiciales, cuya decisión se replicó en los tribunales inferiores del país, incrementándose las reparaciones económicas para los demandantes. Hagamos un repaso de estos antecedentes.

1. "Gorosito Juan Ramón c/ Riva S.A. y otro s/ accidentes art.1113 CC - daños y perjuicios", 01/02/2002

El 1/2/2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en esta causa revocando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén, que había hecho lugar a la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 Ley 24.557, en virtud de no haberse demostrado en la causa que la aplicación de la Ley 24.557 comporte alguna postergación o, principalmente, la frustración del derecho al resarcimiento por daños a la integridad psicofísica o a la rehabilitación. La CSJN afirmó aquí que la limitación del acceso a la vía civil que establece la norma impugnada no puede ser considerada de suyo discriminatoria, agregando que sin conocer la cuantía del daño y de los eventuales resarcimientos no es posible efectuar comparación alguna.

2. "Castillo Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.", 07/09/2004

En este precedente, la Corte sostuvo que la Ley de Riesgos del Trabajo no contiene disposición expresa alguna que declare federal el régimen de reparaciones y regula sustancialmente solo relaciones entre particulares (las aseguradoras de riesgos del trabajo son "entidades de derecho privado"), por lo que de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad federal. De esta manera, habilitó los reclamos ante los tribunales provinciales del país.

3. "Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes Ley 9688", 21/09/2004

En setiembre de 2004, a través de este fallo, la Corte declaró inconstitucional el art.39 Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, que establecía que la única vía de reclamo era a la ART, e indicó que el trabajador, luego de percibir la indemnización del seguro, puede reclamar a su empleador lo que entiende que es una diferencia indemnizatoria respecto a lo que le hubiese correspondido por el derecho común, no implicando la renuncia de una vía si se acepta la indemnización tarifada de la otra. El fallo recordó que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional "cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagren una manifiesta iniquidad" (Fallos 299:428, 430, considerando 5 y sus numerosas citas). En tales condiciones, declaró inconstitucional al art. 39 inc. 1 de la LRT al eximir al empleador de responsabilidad civil mediante la prestación del art. 15, inc. 2, segundo párrafo, de aquella. Sin embargo, bueno es destacar que la propia Corte remarcó que no es posible predicar en abstracto que el art. 39, inc. 1, de la Ley 24.557 (LRT) conduzca inevitablemente a la concesión de reparaciones menguadas con menoscabo de derechos de raigambre constitucional (voto del Dr. Boggiano). Empero, en su voto, la Dra. Highton de Nolasco sostuvo que es contrario a los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y 28 de la Constitución Nacional, a los tratados incorporados por el art. 75, inc. 22, y a los principios generales del derecho, que el causante de un daño se exima de las consecuencias de su accionar ilícito, defecto que no se ve superado por la automática asignación de una prestación dineraria a la víctima, desvinculada, además, de la realidad del perjuicio. Y así, al excluir al empleador de las consecuencias de su accionar, el sistema legal que lo establece (art. 39, inc. 1, de la Ley 24.557) desatiende fines más amplios y objetivos más elevados que una mera contraprestación económica.

4. "Milone Juan Antonio c/ Asociart  S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente - Ley 9688", 26/10/2004

En este precedente, la CSJN recordó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, (Fallos 324:3345, 4404; 325:645, etc.) y procedente en tanto el interesado demuestre claramente de qué forma aquella contraría la Norma Fundamental, causándole un gravamen, y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales (Fallos 321:220, 324:3345, 325:645, etc.). Luego, remarcó la Corte, la impugnación de inconstitucionalidad no es pertinente cuando el fin con que se la persigue no es la inaplicabilidad del texto objetado sino el restablecimiento de un régimen normativo derogado, lo cual es de incumbencia del legislador (JA 13-03-02. LL 18-02-02, N° 103.290, con nota. ED 04-04-02, N° 51.369, con nota. JA 11-09-02

(suplemento) con nota).

5. "Llosco Raúl c/ Irmi S.A.", 12/06/2007

En este más reciente precedente, la Corte sostuvo que nada impide que el actor obtenga la indemnización de la aseguradora -de acuerdo con lo establecido por la LRT- y plantee la invalidez constitucional de las normas que eximen de responsabilidad civil al empleador (art. 39.1 LRT), ya que el sometimiento a las normas que rigen un supuesto no importa hacer lo propio de las que regulan el otro. Sostuvo, en tal sentido, que las disposiciones que establecen la relación entre el damnificado y la ART son independientes de las que rigen el vínculo entre aquel y su empleador, de tal manera que nada impide que un operario dañado reclame y obtenga de la ART lo que la LRT le reconoce y, posteriormente, impugne esta ley en la medida en que le niega la posibilidad de reclamar al empleador, por la vía civil, la diferencia indemnizatoria que estime insatisfecha.

En definitiva, como puede advertirse, todo dependerá, siguiendo adecuadamente la doctrina de la Corte, de las circunstancias de hecho debidamente acreditadas en cada caso. Así, si en un proceso determinado las prestaciones e indemnizaciones previstas en la ley cubren los perjuicios padecidos por el trabajador  o sus herederos, no habrá declaración de inconstitucionalidad posible.

Mientras aguardamos la reglamentación de la nueva ley, a continuación les proporcionamos su texto completo:

REGIMEN DE ORDENAMIENTO DE LA REPARACION DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Capítulo I

Ordenamiento de la Cobertura

ARTICULO 1º — Las disposiciones sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituyen un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias.

A los fines de la presente, se entiende por régimen de reparación al conjunto integrado por esta ley, por la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y sus modificatorias, por el Decreto 1694/09, sus normas complementarias y reglamentarias, y por las que en el futuro las modifiquen o sustituyan.

ARTICULO 2º — La reparación dineraria se destinará a cubrir la disminución parcial o total producida en la aptitud del trabajador damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, así como su necesidad de asistencia continua en caso de Gran Invalidez, o el impacto generado en el entorno familiar a causa de su fallecimiento.

Las prestaciones médico asistenciales, farmacéuticas y de rehabilitación deberán otorgarse en función de la índole de la lesión o la incapacidad determinada. Dichas prestaciones no podrán ser sustituidas en dinero, con excepción de la obligación del traslado del paciente.

El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional.

El principio general indemnizatorio es de pago único, sujeto a los ajustes previstos en este régimen.

ARTICULO 3º — Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma.

En caso de muerte o incapacidad total, esta indemnización adicional nunca será inferior a pesos setenta mil ($ 70.000).

ARTICULO 4º — Los obligados por la ley 24.557 y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los quince (15) días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro.

Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables.

El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso.

Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo.

La prescripción se computará a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esa notificación.

En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil.

ARTICULO 5º — La percepción de las prestaciones en dinero, sea imputable a la sustitución de salarios en etapa de curación (ILT) o sea complementaria por Gran Invalidez, así como la recepción de las prestaciones en especie, no implicarán en ningún caso el ejercicio de la opción excluyente prevista en el artículo precedente.

ARTICULO 6º — Cuando por sentencia judicial, conciliación o transacción se determine la reparación con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) deberá depositar en el respectivo expediente judicial o administrativo el importe que hubiera correspondido según este régimen, con más los intereses correspondientes, todo lo cual se deducirá, hasta su concurrencia, del capital condenado o transado.

Asimismo, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) interviniente deberá contribuir en el pago de las costas, en proporción a la parte del monto indemnizatorio que le hubiera correspondido respecto del total del monto declarado en la condena o pactado en la transacción.

Si la sentencia judicial resultare por un importe inferior al que hubiera correspondido abonar por aplicación de este régimen de reparación, el excedente deberá depositarse a la orden del Fondo de Garantía de la ley 24.557 y sus modificatorias.

ARTICULO 7º — El empleador podrá contratar un seguro aplicable a otros sistemas de responsabilidad que puedan ser invocados por los trabajadores damnificados por daños derivados de los riesgos del trabajo, en las condiciones que fije la reglamentación que dicte la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

ARTICULO 8º — Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia.

ARTICULO 9º — Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al Listado de Enfermedades Profesionales previsto como Anexo I del Decreto 658/96 y a la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 659/96 y sus modificatorios, o los que los sustituyan en el futuro.

Capítulo II

Ordenamiento de la Gestión del Régimen

ARTICULO 10. — La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) establecerán los indicadores que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) habrán de tener en cuenta para establecer su régimen de alícuotas, entre los cuales se considerarán el nivel de riesgo y la siniestralidad presunta y efectiva; con más una suma fija que, por cada trabajador, corresponda integrar al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.

Entre los citados indicadores se deberá considerar:

a) El nivel de riesgo se ajustará a categorías que se determinarán de acuerdo al grado de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad, y demás parámetros objetivos que la reglamentación establezca.

b) El rango de alícuotas fijado para cada categoría no podrá superponerse con los rangos de alícuotas establecidos para los restantes niveles.

c) La prohibición de esquemas de bonificaciones y/o alícuotas por fuera del nivel de riesgo establecido.

d) La prohibición de discriminación directa o indirecta basada en el tamaño de empresa.

La determinación de la base imponible se efectuará sobre el monto total de las remuneraciones y conceptos no remunerativos que declare mensualmente el empleador.

ARTICULO 11. — El sistema de alícuotas deberá estar sujeto a lo normado por el artículo 26 de la ley 20.091, sus modificatorias, y disposiciones reglamentarias, y será aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Si transcurridos treinta (30) días corridos de la presentación efectuada por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) el organismo de control no hubiera notificado objeción o rechazo alguno, el régimen se considerará aprobado.

Una vez transcurrido un (1) año desde la incorporación de la alícuota al contrato del empleador, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) podrá modificarla dentro del régimen de alícuotas aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y previo aviso de manera fehaciente con sesenta (60) días de anticipación al empleador. En este supuesto, el empleador podrá optar por continuar con el contrato de afiliación y la nueva alícuota o cambiar de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Cuando el empleador tuviera la obligación legal de ajustarse a un sistema de contrataciones por licitaciones públicas, dicho plazo se extenderá a seis (6) meses.

ARTICULO 12. — A los fines de una adecuada relación entre el valor de la cuota y la siniestralidad del empleador, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) pondrá a disposición de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) toda la información sobre siniestralidad registrada en cada uno de los establecimientos de los empleadores incluidos en el ámbito de aplicación del régimen.

ARTICULO 13. — Transcurrido dos (2) años de la vigencia de la presente, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), podrán establecer nuevos indicadores para la fijación del sistema de alícuotas por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), orientados a reflejar la vinculación entre las cuotas y la siniestralidad efectiva y presunta, así como los niveles de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad.

Podrán considerar a tales efectos: alícuotas básicas, un componente de proporcionalidad entre la actividad económica principal y la de mayor riesgo que realice el empleador afiliado, suplementos o reducciones proporcionalmente relacionados tanto con el nivel de incumplimientos del empleador a la normativa vigente en materia de higiene y seguridad, como con los índices de siniestralidad.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), podrán fijar un sistema de alícuotas uniformes por colectivo cubierto, que sólo reconocerá variaciones de acuerdo al nivel de riesgo probable y efectivo.

ARTICULO 14. — Para el supuesto de cobertura de la reparación fundada en otros sistemas de responsabilidad, por lo que exceda de lo cubierto en el presente régimen, deberán establecerse separadamente las primas para hacer frente a la misma, conforme a las normas que rigen en la materia, fijadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

ARTICULO 15. — Los empleadores tendrán derecho a recibir de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) a la que se encuentren afiliados, información respecto del sistema de alícuotas, de las prestaciones y demás acciones que este régimen pone a cargo de aquélla.

ARTICULO 16. — Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) deberán limitar su presupuesto en gastos de administración y otros gastos no prestacionales al porcentaje que establezcan conjuntamente la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el que no podrá superar el veinte por ciento (20%) de los ingresos que les correspondan para ese seguro. Dentro de ese importe, podrán asignar a gastos de comercialización o intermediación en la venta del seguro hasta el cinco por ciento (5%) del total.

Capítulo III

Disposiciones Generales

ARTICULO 17. —

1. Deróganse los artículos 19, 24 y los incisos 1, 2 y 3 del artículo 39 de la ley 24.557 y sus modificatorias. Las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica, previstas en la citada norma, quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las prestaciones en ejecución.

2. A los efectos de las acciones judiciales previstas en el artículo 4° último párrafo de la presente ley, será competente en la Capital Federal la Justicia Nacional en lo Civil.

Invítase a las provincias para que determinen la competencia de esta materia conforme el criterio establecido precedentemente.

3. En las acciones judiciales previstas en el artículo 4° último párrafo de la presente ley, resultará de aplicación lo dispuesto por el artículo 277 de la ley 20.744. Asimismo, se deberá considerar como monto del proceso a todos los efectos de regulaciones de honorarios e imposición de costas, la diferencia entre el capital de condena y aquel que hubiera percibido el trabajador —tanto en dinero como en especie— como consecuencia del régimen de reparación contenido en esta ley, no siendo admisible el pacto de cuota litis.

4. A los fines del depósito contemplado en el artículo 6° primer párrafo de la presente ley, en sede judicial se aplicarán los intereses a la tasa dispuesta en la sentencia desde la exigibilidad de cada crédito. En sede administrativa, el depósito se hará en un fondo especial administrado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), aplicándose los intereses a la tasa prevista para la actualización de créditos laborales.

5. Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.

6. Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010.

La actualización general prevista en el artículo 8° de esta ley se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la ley 24.241, modificado por su similar 26.417.

7. Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición.

ARTICULO 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.773 —

JULIAN A. DOMINGUEZ. — AMADO BOUDOU. — Juan H. Estrada. — Gervasio Bozzano.

Condenan a la Provincia de Santa Fe a abonar una indemnización de más de 5 millones de pesos

La Justicia rosarina condenó a la Provincia de Santa Fe a indemnizar a una joven que tras ser vacunada en forma obligatoria contra la rubeola y el sarampión padeció una gravísima enfermedad y desde entonces se encuentra con una incapacidad casi total.

En la resolución, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 6 de Rosario sostuvo que “este caso es la prueba viviente de que el Estado con su actividad lícita e irrenunciable puede producir daños, aunque ignorando a quien”, y agrega que si la política de vacunación se realiza en beneficio de toda la comunidad, es justo que toda la comunidad sea solidaria con quien sufrió la grave consecuencia y afronte la totalidad del daño ocasionado.

El tribunal colegiado consideró que la Provincia tenía pleno conocimiento de las estadísticas que indican que una persona en 1.000.000 podía tener efectos adversos severos; no obstante lo cual, eligió vacunar, afrontando el acaecimiento del posible efecto en una persona, para beneficiar al resto de la comunidad al prevenirla de ciertas enfermedades y haciendo realidad así el mandato constitucional de la salud pública.

Así fue que concluyó que la Provincia ocasionó un daño con conocimiento de que iba a provocarlo, aunque ignorando a quién.

En consecuencia, en los autos  “Toloza María Alejandra c/Provincia de Santa Fe s/Daños y Perjuicios” (Expte. 982/2009), el Tribunal rosarino en su sentencia del 10 de octubre de 2012 condenó a la Provincia de Santa Fe a pagarle a esta joven $3.786.000 en concepto de capital, cifra que con los intereses supera los 5.000.000 de pesos.

Fuente: Infojus.gov.ar