Cuota alimentaria: Sepa cuáles son los factores que deberá tener en cuenta para fijar el monto mensual y qué medidas judiciales puede tomar en cada caso.

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Apuntes sobre cuotas de alimentos: a propósito de la competencia, determinación, obligados, extensión, prueba, sanciones, fijación provisoria y prescripción

(Revista de Doctrina y Jurisprudencia de la Provincia de Santa Fe N° 101(Director: Jorge Walter Peyrano), Editorial Jurídica Panamericana, pág. 11 y ss.)

Un tema de recurrentes consultas en el Estudio es, a no dudarlo, el de la cuota de alimentos que los padres deben a sus hijos. Es éste un tema de suma actualidad y de un dramatismo y urgencia tal que repercute no sólo en la salud de los propios padres, sino también (y con mayor riesgo) en la de nuestros propios hijos.

En estas líneas les propondré tener en cuenta ciertos factores a la hora de iniciar o enfrentar una causa de esta naturaleza que, en todos los casos, siempre será mejor evitar.

1. Búsqueda de alternativas extrajudiciales:

Aunque el trabajo de los abogados se suela identificar (casi) exclusivamente en litigar e ir a la justicia para reclamar derechos que se entiendan justos; Ud. debe saber que no en todos los casos la mejor solución es volcar la cuestión en los tribunales. En primer lugar, porque la justicia en la República Argentina no brinda ningún tipo de garantías sobre la procedencia de los reclamos tal como son planteados, como así también porque los tiempos en que la justicia puede dar una respuesta, en términos reales, muchas veces jugará en contra de sus propios intereses.

Cada día con mayor énfasis, sostengo la necesidad de agotar todos los medios de solución de controversias de manera “amigable”, en sede extrajudicial. Las cuestiones de familia no son la excepción.

Madres y padres deberían procurar arribar ellos mismos a un acuerdo que resulte justo y equitativo para los bolsillos de ambos y menos dañosos para la salud e integridad de los menores; ya que discusiones de este tipo en los estrados judiciales, muchas veces sólo consiguen empeorar las relaciones humanas, consiguiendo resultados similares a los que se pueden obtener con acuerdos o convenios razonables. Los abogados también pueden procurar llegar a este tipo de soluciones sin necesidad de interponer demandas que, muchas veces, no prosperan en los tiempos y con los alcances esperados.

Los tradicionales convenios de alimentos, pactados en términos razonables, maduros, sinceros y actuales, serán propicios para una rápida solución al problema suscitado. La solución propuesta por esta vía es económica para todos los protagonistas: el alimentado, aunque tal vez con un valor inferior al pretendido, tendrá una pronta atención a sus necesidades vitales. El alimentante, dará una respuesta inmediata a valores tal vez inferiores a los que lo obligaría una sentencia judicial, evitando los costos que, per se, genera el inicio de un juicio (sellados, tasas, honorarios profesionales de abogados, contadores y otros profesionales conforme tablas de aranceles vigentes). Finalmente, los propios abogados defensores de las partes evitarán el interminable trajín de idas y venidas a los tribunales (que suelen demorar años) con los costos y tiempos que estos general, obteniendo una inmediata y justa retribución por su labor. Claro está que los abogados deberemos convencernos en adoptar una actitud pacificadora, tendiente a solucionar el problema que se nos plantea, enfocando nuestra energía a la superación del conflicto y no a obtener el éxito en el caso a costas de la otra parte. La conciliación de intereses, en términos razonables, oportunos y equitativos siempre será la mejor opción. De nada servirá obtener una sentencia ejemplar si, a su costa, invertimos meses o años para lograrlo, o lo que es peor, en el camino coadyuvamos a romper definitivamente relaciones familiares que, de por sí, ya estaban desgastadas cuando llegó a nuestro conocimiento.

2. A dónde demandar:

Una vez que la instancia extrajudicial se agote, sin que exista posibilidades de conciliación; el remedio judicial resultará inevitable. Si no se obtiene un acuerdo en el que ganen (dinero y tiempo) las dos partes, no quedará más remedio que acudir a los estrados judiciales.

Pero antes de embarcarse en un juicio de esta índole, debe preguntarse dónde tramitará, ya que los tiempos y costos en uno y otro caso pueden variar notablemente.

El art. Art. 228 del Código Civil dispone que “Las acciones de separación personal, divorcio vincular y nulidad, así como las que versaren sobre los efectos del matrimonio, deberán intentarse ante el juez del último domicilio conyugal efectivo o ante el del domicilio del cónyuge demandado.” Por su parte, el Art. 228 CC, sostiene que “Serán competentes para entender en los juicios de alimentos: 1. El juez que hubiere entendido en el juicio de separación personal, divorcio vincular o nulidad; 2. A opción del actor el juez del domicilio conyugal, el del domicilio del demandado, el de la residencia habitual del acreedor alimentario, el del lugar de cumplimiento de la obligación o el del lugar de celebración del convenio alimentario si lo hubiere y coincidiere con la residencia del demandado, si se planteare como cuestión principal.”

Es decir que el último domicilio conyugal de los esposos resultará determinante para saber en dónde radicará el caso. También será importante tener en cuenta el actual domicilio real del demandado. De la combinación de ambos factores surgirá la competencia del juzgado que intervendrá.

3. Sobre quién pesa la obligación alimentaria?

El Art. 265 del Código Civil sostiene que los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres y que éstos tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino con los suyos propios.

En este sentido, judicialmente se ha dictaminado que “... La obligación que impone a los padres el art. 265 del Código Civil de criar, alimentar y educar a los hijos conforme a su condición y fortuna con sus propios bienes, implica la de procurarse los medios necesarios para asegurar mínimamente a sus hijos una subsistencia digna. La cuota alimentaria debe fijarse teniendo en cuenta no sólo los ingresos del alimentante, sino también las necesidades de los menores beneficiarios; tan es así que el hecho de que el progenitor obligado se encuentre desocupado o sub-ocupado no lo releva de su obligación [...] Únicamente en el caso de que se acredite una seria imposibilidad de incrementar los ingresos y probado también que éstos resultan manifiestamente insuficientes, corresponde merituar esta circunstancia a los fines de la reducción del monto para su distribución entre quienes tienen derecho a los alimentos..."(C.A.Civ.Com., Ba-hía Blanca, Sala II, 19-07-2007, A., M. F. c/ L., S. D.).

La jurisprudencia también ha dicho que "... la obligación materna de contribuir al mantenimiento de los menores se encuentra cubierta por el mayor cuidado y dedicación que aquélla les imparte, así como también por los diversos gastos menores que cotidianamente debe efectuar quien detenta la tenencia de los hijos [...] De manera que los progenitores tienen el deber de proveer a la asistencia del hijo menor, y para ello deben realizar todos los esfuerzos que resulten necesarios realizando trabajos productivos [...] sin que pueda excusarse de cumplir con su obligación invocando falta de trabajo o de ingresos suficientes, cuando ello no se debe a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables [...] aún cuando el progenitor reconozca realizar determinado trabajo cuyo ingreso no es suficiente para atender las necesidades del hijo, está en el campo de su responsabilidad paterna dedicar parte de sus horas libres, en una medida que resulte razonable, a tareas remuneradas con las cuales poder completar la cuota [...] y hasta tiene el deber de reemplazar el trabajo escasamente remunerado por otro que signifique un mayor ingreso, aunque ello implique también un mayor esfuerzo. De allí que lo afirmado en punto a la carencia de recursos para afrontarla no resulta atendible...". (CNac.A.Civ., Sala H, 30-11-98, B., E. J. H. y otros c/ S., M. A.).

Lo dicho nos lleva a concluir que la falta de cumplimiento del deber de asistencia familiar es prácticamente inexcusable.

El Art. 267 del Código Civil dice que “La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad”; y el Art. 271 CC dice que “En caso de divorcio vincular, separación personal, separación de hecho o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a ambos padres el deber de dar alimento a sus hijos y educarlos, no obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos.”

Esta norma es corolario del principio de solidaridad familiar y obliga a los padres a que sus hijos lleven un nivel de vida acorde a su respectiva situación.

La doctrina judicial en la materia sostiene que "... A los efectos de estimar las necesidades del menor, debe tenerse en cuenta el nivel socioeconómico y cultural que éste gozaba hasta el momento de conflicto entre los progenitores, o, en su caso, hasta el cese de la atención voluntaria del conjunto de sus necesidades por parte del demandado [...] la mera privación de nece-sidades materiales o espirituales dispuesta por decisión unilateral, en tanto no responda a criterios razonables o propósitos pedagógicos, será corregida mediante la fijación de la cuota alimentaria ..." (BOSSERT, Gustavo A.; Régimen Jurídico de los Alimentos, Astrea, 1993; págs. 200/201). A su par, la justicia también dictaminó que “...Si bien es cierto que la obligación alimentaria pesa sobre ambos cónyuges, cuando quien ejerce la tenencia es la madre, compensa en gran medida su deber y, si además [...] contribuye al mantenimiento del hogar con sus ingresos, es el padre a quien le corresponde en mayor proporción la obligación de pagarlos [...] La invocación por parte del alimentante de su falta de recursos no puede ser utilizada para aliviar su obligación alimentaria, pues le corresponde arbitrar las medidas para satisfacer los deberes contraídos con el nacimiento de los hijos..." (CNac.A.Civ., Sala C, 28-05-96, Q., P. J. c/ C., H. A.).

El padre (o madre) no conviviente siempre tiene obligación de pasar alimentos, salvo que por enfermedad o algún otro motivo le sea imposible hacerlo. Por ende, si su salud le permite trabajar, su deber alimentario se mantiene y deberá procurar por todos los medios obtener una fuente de ingresos que le permita solventar, aunque sea, las necesidades básicas de sus hijos.

Si las ganancias reales del padre no pueden establecerse por parámetros normales, se deberá producir prueba sobre el nivel de vida y las condiciones del trabajo informal que desempeña. De allí se inferirá cuáles son los ingresos que lo sustentan y, sobre ellas, se calculará la cuota alimentaria a la que estará obligado el demandado.

4. Factores sociales y personales a tener en cuenta a la hora de determinar el monto de la cuota mensual:

Al momento de decidir sobre el valor en el cual quedará fijada una cuota alimentaria, varios son los factores que las partes pueden invocar y que el juez podrá valorar en su resolución.

Uno de ellos es la situación económica durante la vida del matrimonio o durante la convivencia conjunta de los cónyuges o padres. Una resolución judicial justa procurará mantener un nivel de vida similar al existente en esa época, ya que el norte que se perseguirá será el de mantener al menor en una situación económica y social similar a fin de evitar trastornos o sufrimientos innecesarios o francamente evitables.

También se deberá tener presente si los padres son empleados en relación de dependencia y su remuneración mensual; o si por el contrario, estamos en presencia de empresarios independientes, titulares de un comercio o si ejercen alguna actividad de manera independiente o autónoma.

Pero no sólo se deberá ponderar los ingresos formales que posea el padre/madre (es decir, las remuneraciones o ingresos en blanco); sino que también deberemos enfocar nuestro análisis en todo tipo de ingresos informales o “en negro” que posea, ya que estos, en definitiva, repercuten también en el nivel de vida actual de los padres.

Por ello, deberemos investigar las condiciones en dónde vive, los muebles que posee esa vivienda, los electrodomésticos, artículos de lujo o recreación, sus marcas, modelos y antigüedad. También será importante saber qué tipo de servicios goza en su vivienda el padre o madre obligado al pago de la cuota alimentaria (por ejemplo, gas natural, televisión por cable o sateli-tal, servicio de Internet, etc.).

También sería conveniente investigar si posee alguna línea de teléfono celular u otros servicios de uso personal. La suma de estos datos nos indicarán, con bastante precisión, cuál es el nivel de vida que lleva adelante la persona en cuestión, lo que a todas luces nos ayudará a aproximarnos al importe que podrá disponer mensualmente para atender a sus hijos.

Obviamente, también será importante tomar conocimiento de los bienes de que sea titular el padre responsable. Esto es, si posee inmuebles o bienes registrables a su nombre. También, por supuesto, la titularidad de cuentas bancarias, tarjetas de crédito u otros datos de similar entidad.

Todo esto por un lado. Pero del otro lado de la balanza, deberemos ponderar todos los gastos que la madre o padre a cargo de sus hijos debe afrontar diariamente. Es decir, deberemos enumerar con la mayor precisión posible todos y cada uno de los gastos que les demande el menor, por ejemplo, vivienda, alimentos, seguros, salud, ropa, salidas, peluquería, farmacia, teléfonos, servicio de televisión por cable, Internet, luz, gas, agua, impuestos, educación, útiles escolares, etc.

Todos estos factores generarán un valor apreciable en dinero que debemos poner en manos del Juez para su correcta valoración. Pero también, será necesario poner frente a los ojos del Juez interviniente el tiempo y dedicación necesarios por la madre o padre a cargo de la tenencia de los menores, lo cual también tiene un valor. Así se ha dicho que “... para establecer el monto de la cuota provisoria en favor de los menores de edad, se tiene en cuenta que la madre resulta también obligada parcialmente a su manutención, sin dejar de considerar los aportes que sin un específico contenido económico ésta realiza y que sirven para cubrir múltiples requerimientos del alimentado (aseo, atención y cuidado, traslados, etc.), que importan una inversión de tiempo y que disminuyen la posibilidad de generar mayores ingresos a quién los brinda ...". (CNac.A.Civ., Sala L, 05-03-2007, F., A. B. c/ L., M. D.).

Esta atención y dedicación, si bien de difícil valoración en dinero, deberá ser puesta de resalto para que la distribución de la carga alimentaria sea realmente equitativa.

5. Extensión de la obligación alimentaria:

Un dato que no puede dejarse escapar es que la obligación alimentaria a cargo, en primera instancia, de los padres de los menores, puede también ser afianzada por parientes con obligación alimentaria subsidiaria (por ejemplo, los abuelos) o por terceros.

Encontrándose vivos los padres del obligado al pago de la cuota de alimentos, podrá ser solicitada la extensión de la obligación a ellos si, intimado al pago de la cuota, el padre o madre no lo hace en término.

6. Acciones conminatorias:

Si, no obstante la fijación de una cuota de alimentos provisoria y luego de la fijación en la sentencia definitiva de la cuota de alimentos a cargo del demandado, éste persistiera en su actitud reticente en cuanto a su acatamiento o se atrasare en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, se podrá requerir al Juez interviniente que las Resoluciones judiciales que fijen tal obligación lleven expresamente el apercibimiento de hacerlo cargar al padre incumpliente con los intereses pertinentes por falta de pago en términos de las mismas.

Asimismo, si intimado el padre a su cumplimiento, éste persistiere en su conducta omisiva, y atento a que el incumplimiento de las órdenes del Poder Judicial implica un acto de suma gravedad institucional y la negación misma del Estado de Derecho que exige el pleno sometimiento de los ciudadanos al ordenamiento jurídico, también resultará aconsejable solicitar (o al menos hacer reservas de hacerlo) la traba de embargo y venta de los bienes registrales de titularidad del demandado o sobre los bienes libres que posea el accionado en su domicilio.

Además, en caso de resultar necesario, se podrá solicitar como sanción punitiva y aleccionadora por falta o atraso en el cumplimiento de sus deberes de asistencia familiar, la suspensión de las visitas, del ejercicio de la patria potestad a cargo del padre. Esto con fundamento en lo dis-puesto por el Art. 307 del Código Civil, que expresamente dispone: “Privación de la patria po-testad. Causales. El padre o madre quedan privados de la patria potestad: 1. Por ser condenados como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bie-nes de alguno de sus hijos, o como coautor, instigador o cómplice de un delito cometido por el hijo; 2. Por el abandono que hiciere de alguno de sus hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando quede bajo guarda o sea recogido por el otro progenitor o un tercero; 3. Por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica o la moralidad del hijo, mediante malos trata-mientos, ejemplos perniciosos, inconducta notoria o delincuencia.”

Finalmente, también se podrá informar tales conductas ante el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de acuerdo a lo establecido en la Provincia de Santa Fe por Ley Provincial Nro. 11.945 y Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 1005 de fecha 27.04.06; como así también efectuar las denuncias penales que sean pertinentes para la investigación y eventual sanción por la posible comisión de los delitos e infracciones previstos en la Ley 13.944 sobre Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

7. Medios de prueba:

Todo lo relatado hasta ahora servirá para acarrear la mayor cantidad de información y pruebas al expte., tendientes a delimitar la situación económica y social de los padres y las necesidades de los menores.

Pero, muchas veces, notificada una demanda de esta naturaleza, el padre o madre intimado puede valerse de distintos artilugios para dilapidar u ocultar su patrimonio o ingresos a fin de hacer menos gravosa la cuota. Ante tales circunstancias, la prueba de producción anticipada será vital.

La prueba anticipada tiene su fundamento y verosimilitud en su procedencia en el severo riesgo de la ocultación sistemática de bienes o ingresos para justificar la negativa al pago de una cuota de alimentos justa. La producción de estos medios de prueba en la etapa procesal ordinaria posibilitaría al demandado armarse de elementos necesarios para ocultar o tergiversar su real situación laboral, financiera y económica, razón por la cual la medida solicitada, que no genera daño alguno al accionado, resultará plenamente procedente.

En este sentido se ha sostenido que “La finalidad de la medida "prueba anticipada" contempla precisamente el supuesto de que el futuro demandado o un tercero alterare las cosas o lugares objeto de aquella, y por tal razón se prevé que el juez la disponga inaudita parte ... la naturaleza de pruebas de producción anticipada de carácter conservatorio se trata, como su denominación lo indica, de pruebas realizadas antes de la oportunidad legal; están destinadas a probar hechos y no a constituir el proceso. Su función es la de procurar que las partes puedan obtener la conservación de pruebas de las que si se espera el momento de su producción legal, se corre el riesgo de que se pierdan por el transcurso del tiempo o alteración artificiosa de la situación de hecho o de las cosas…” (La prueba anticipada en el proceso de daños y su corres-pondencia con la historia clínica; 31/7/2009; Chialvo, Tomás Pedro, en página web http://www.saij.jus.gov.ar). También se ha dicho que “Su naturaleza se sitúa dentro de las diligencias conservatorias (Palacio) y, en algunas hipótesis, se las asimila a las medidas cautelares, aunque orientada sobre la prueba, dado que su anticipación en el conocimiento de la otra parte –nos referimos a los casos en que se realiza inaudita pars-, puede evitar que la misma, mediante artimañas oculte, modifique o destruya el objeto probatorio a adquirir; o bien, que el mismo requirente se encuentre en imposibilidad de probar, por cambios en el objeto de la prueba” (Di Iorio, Falcón). XXV Congreso nacional de Derecho Procesal 2009 – Temario Derecho Procesal Civil; Preconstitución de pruebas. Diligencias preliminares y producción anticipada de pruebas. Eduardo Abel Fernández. Profesor Titular de Derecho Procesal Civil y Comercial de la U.N.L.P (cát. I). Subsecretario de la Secretaría Civil y Comercial de la S.C.B.A., con colaboración del Dr. Nicolás J. Negri, Prosecretario, íd., S.C.B.A.).

Lo dicho resulta más que interesante a la hora de prevenir el ocultamiento de pruebas, información o del propio patrimonio del obligado al pago de una cuota de alimentos.

8. Cuota provisoria:

Tal vez se preguntará si, una vez que se toma la decisión de iniciar este tipo de acciones deberemos esperar, sin opción, al dictado de una sentencia que, además de poner fin al pleito, ordene a partir de ese momento el pago de una cuota de alimentos. Pues la respuesta es no. No será necesario esperar a que el largo y tedioso proceso judicial acabe para obtener respaldo judicial. Para que ello sea así, deberemos solicitar lo que procesalmente se llama una "cuota provisoria" de alimentos.

A mayor abundamiento, podemos destacar inclusive que, recientemente, la Justicia consideró que resultaba procedente el pedido de cuota alimentaria provisoria aún cuando la sentencia definitiva pudiera determinar que no correspondía el reclamo alimentario, resultando dicho pago indispensable para atender las necesidades mínimas de la actora.

En la causa “C. M. R. c/ E. R. E. s/ alimentos provisorios”, la sentencia de primera instancia que había fijado una suma en concepto de alimentos provisorios requeridos por la actora, fue apelada por el alimentante, quien sostuvo que no se encontraban verificados en el presente caso los presupuestos que autorizan la fijación de alimentos, señalando que la actora no se encuentra en estado de indigencia y que posee plena capacidad laboral. Además, el apelante señaló que no convive con la actora y que la madre de esta se encuentra en mejores condiciones de satisfacer las necesidades de la reclamante.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirmó la sentencia apelada, señalando que la resolución adoptada no es definitiva ni implica prejuzgamiento, sino que dicha decisión establece el pago de lo que resulta indispensable para atender las necesidades mínimas, surgiendo prima facie de los elementos aportados por la actora la verosimilitud del derecho invocado.

A ello, los jueces agregaron que ninguna de las consideraciones presentadas por el demandado quedan acreditadas por su sola afirmación, prevaleciendo el derecho de quien reclama la cuota alimentaria provisoria, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho invocado con causa en el probado vínculo expuesto.

De acuerdo a lo explicado por los jueces en la sentencia del 11 de diciembre de 2009, resulta “preferible correr el riesgo de fijar los alimentos provisorios aun cuando en definitiva la sentencia demuestre que no es procedente el reclamo, pues lo contrario podría llevar a dejar sin alimentos que urgentemente puede necesitar una persona cuyo derecho después resulta reconocido en la sentencia” (Fuente: Abogados.com.ar del 22 de marzo 2010).

Conclusiones:

Todas estas líneas no revelan ninguna verdad oculta, ni mucho menos. Sólo nos da la pauta que en este tipo de situaciones (graves, cotidianas y conflictivas), no hay secretos ni soluciones mágicas ni estereotipos que seguir. Así como cada caso es diferente y cada situación personal es muy particular, todos los planteos que se hagan al respecto deberán ser un traje a medida de las necesidades y situaciones por las que atraviesen los padres y, principalmente, los menores involucrados.

Si los abogados nos proponemos calcar soluciones, propuestas o demandas en todos los casos que se nos presenten, no habremos hecho bien nuestro trabajo. Los padres, por su parte, también deberán tener presente que lo realizado o resuelto en otros casos (como algunos de los reseñados aquí), sólo les servirán como datos o elementos a evaluar y a ponderar, pero nunca a repetir de manera idéntica, ya que cada situación de esta naturaleza presentará sus particularidades y sus propias alternativas de solución.

No pretendemos dar por agotado el tema en estas líneas, por lo que, para mayor ampliación sobre algún aspecto de su interés o para evacuar todas las dudas que se le pudieren presentar, podrá consultarnos en nuestro Estudio.

EBA
Estudio Bilvao Aranda
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